Será cuestión de prioridades

Hoy 2o de noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos del Niño.

Se cumplen veinte años desde la Convención Sobre los Derechos de los Niños establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas. Con 193 ratificaciones, los países firmantes se comprometían entonces a cumplir el Tratado Internacional que les obligaba a proteger los derechos de los niños. Para Ann M. Veneran, Directora Ejecutiva de UNICEF, aquel hecho, que indirectamente celebramos hoy día 20 de noviembre, produjo una profunda transformación en “la manera en que los niños son vistos y tratados en todo el mundo”. Y en la actualidad, más de 70 países, como apunta el periódico El Mundo en su edición digital, han ido incorporando legislación interna para garantizar los principios básicos que fijó la Convención. Entre ellos destacan: la no discriminación, el interés superior del niño en todo aquello que le afecte, el derecho a la vida y a la supervivencia, al desarrollo, a ser escuchado y que su opinión se tenga en cuenta en los temas que le afectan directamente.

A pesar de las buenas intenciones cada seis segundos muere un niño en el mundo. Y aunque el informe de UNICEF, sobre el Estado Mundial de la Infancia, indica los avances alcanzados durante estos veinte años, el trabajo dista mucho de finalizar.

El Estado Mundial de la Infancia de UNICEF ofrece una visión global que con datos positivos como que la cifra anual de niños menores de cinco años que mueren cada año en el mundo se ha reducido en un 28% (de 12,5 millones en 1990 ha pasado a 8,8 millones en 2008). Esta reducción tiene relación directa con el acceso a agua potable; entre 1990 y 2006, más de millón y medio de personas han accedido a agua potable.

La educación es otra de las principales heridas. En lo que se refiere a su accesibilidad, alrededor del 84% de los niños en edad escolar asisten hoy a clases con lo que las brechas y desigualdades se van reduciendo.

Una de las conclusiones de este informe tiene que ver con la protección de los niños para evitar que sean utilizados por adultos sin escrúpulos para formar ejércitos, realizar todo tipo de trabajos y tareas domésticas o caer víctimas de redes de prostitución infantil. Aspectos que suelen acaparar la atención por repulsivos.

Los datos de UNICEF resultan demoledores pues sus protagonistas son unos niños a los que se les roba la infancia. Son datos que imaginamos lejanos, y, aun cuando nos abruman, forman parte de un mundo ajeno al nuestro porque no es posible que en nuestras cómodas sociedades estos hechos ocurran. La inmensa mayoría de los pequeños cuentan con adultos que los protegen, que aseguran sus necesidades básicas. Gracias a nuestros avances y bienestar social nuestros niños juegan y van a la escuela, comen caliente y tienen un techo bajo el que dormir. Sin embargo, España también tiene su dosis de precariedad infantil.

Fotografía de Samuel Sánchez para El País.

Fotografía de Samuel Sánchez para El País.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, hacía público ayer las nefastas condiciones en las que viven algunos de nuestros menores. La conclusión de su informe anual alude directamente a la Cañada Real, ese limbo residencial donde la ilegalidad cobra impuestos. Y fue, precisamente, la supuesta ilegalidad que sin embargo es tributaria, la que despertó el interés, y no los cerca de 2.000 menores que allí residen “excluidos de los modos y condiciones de vida comunes”. A los que hay que sumar los 100 que pertenecen al poblado chabolista El Gallinero junto con  todos aquellos difíciles de detectar pero que rozan situaciones igual de convulsas.

Arturo Canalda explica que “la mayoría de las vulneraciones de los derechos de los niños que tienen lugar en nuestra región se refieren a la educación y la cultura, la integración social y la protección jurídica”. Cita que recoge hoy la periodista Soledad Alcaide para El País.

La responsabilidad sobre las garantías de los menores para que disfruten de una infancia feliz y segura es colectiva, como bien apuntan desde El Mundo. Los datos con los que hoy reflexiona el planeta, que pasan desde la situación de los niños al hambre y los conflictos que les afectan e implican, próximos o lejanos, contrastan con las ayudas e inversiones que el sector bancario ha recibido (en todo los países del mundo, incluida España) durante el presente año. Y colisionan todavía más cuando descubrimos que sólo 1.000 millones de euros, como pública el diario Público, son necesarios para acabar con el hambre en África oriental. Principal conclusión junto con la indecente ausencia de medidas o soluciones con la que ha terminado la Cumbre por la Seguridad Alimentaria celebrada en Roma, donde, además, los principales líderes políticos mundiales han brillado por su anuncia. Los 60 mandatarios que sí han hecho sentir su presencia dirigen la política de países en vías de desarrollo; será este interés una cuestión de prioridades.

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