Eterna reforma Audiovisual

Remix audiovisualTiene gracia, una gracia que emerge con frecuencia, gobierne quien gobierne, aunque sólo pretenda mostrar intencionalidad y culmine dejando las cosas como están. Es decir generando ruido, trabajo y silencio. Me refiero a la eterna y esperada Ley General Audiovisual. Ese eterno proyecto, manido y ninguneado, que vuelve a estar de moda (junto al limbo de los funcionarios de la Guardia Civil –ni militares ni civiles, híbridos armados- que también suele aflorar religiosamente para quedarse en nada: ¡a ver quién es el valiente que renuncia a unos devocionarios de la patria, sin horarios y con escueto salario!).

La vicepresidenta De la Vega anuncia, ¡por fin!, una reforma legal del sector audiovisual porque la normativa actual está dispersa y en ocasiones se muestra obsoleta. Totalmente de acuerdo, sí. Pero, ¿me pregunto por qué andará así de dispersa y obsoleta? Qué díscola esta ley.

Ha habido numerosos gobiernos con buenas intenciones –¿o no?- que se han atrevido a debatir el tema, pero la intención no contemplaba el tratamiento de fondo. Espero, en esta ocasión, que las palabras se conviertan definitivamente en ley y en ley definitoria, aclaratoria, determinante.

El borrador de la futura ley irrumpe mientras se gesta la revolución del mercado audiovisual y de llegar a buen puerto derogaría nada menos que diez leyes vigentes para aunar, en una sola, la regulación de todas las cadenas. Eso claro, si no se incluyen disposiciones derogatorias como la que aparece en la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal. Una ley con muy buenas intenciones, con 42 artículos, seis disposiciones transitorias, una derogatoria, y dos finales. De todas ellas la crucial resulta ser la derogatoria: “Se deroga la Ley 4/1980, de 10 de enero, por la que se aprueba el Estatuto de la Radio y la Televisión. No obstante dicha ley seguirá siendo de aplicación a los efectos previstos en la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del Tercer Canal de Televisión, y en la Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley”. Lo que significa que los medios de difusión audiovisual continúan siendo de titularidad estatal a tenor de la parte vigente del Estatuto de Radio y Televisión, y de la Ley de Telecomunicaciones de 1998.

El anuncio del Gobierno tiene el reto de definir la expresión “servicio público”, auténtico quiz de la cuestión. Además de ordenar los contenidos audiovisuales en los móviles, las fusiones de las cadenas, la supresión de la publicidad en RTVE, el alquiler de canales de TDT, el subtitulado de la programación, la protección de menores, y algunas cuestiones más como la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que velaría por el cumplimiento de la norma, que tendrá que estar en consonancia con la normativa europea.

La ley busca “el derecho de los ciudadanos a recibir una oferta gratuita, amplia y plural”, ha dicho la vicepresidenta. Loables objetivos que tendrán que capear con los magnates del negocio, los derechos del futbol, la cuestión publicitaria y la multiplicidad de canales. Ya veremos en qué queda todo si en palabras, en ley a la medida, en ley a medias, o en definitiva y resolutiva ley.

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